10.000 visitas a nuestro blog!!!

Superamos las 10.000 visitas!!!!
Este blog que cuenta historias de la etnia mbya guarani, de la aldea Guapoy, de otros pueblos originarios y sus representantes, y del grupo de amigos de Guapoy que se formo en el año 2007, en San Pedro (BA), comenzo a estar en la red en junio de 2008.
Este fin de semana supero las 10.000 visitas en un año y medio.
Esperemos que podamos seguir volcando en el todas las novedades que ocurran con nuestra lucha a favor de los pueblos preexistentes a la conquista que aun luchan por que sus derechos al fin sean respetados.
Aguyjevete!!!!

Una entrevista, gracias...

MARÍA EMILIA PIQUÉ
Una ex alumna mia de la Escuela Normal, Estudiante de Comunicación Social en Rosario, me hizo un reportaje para un TP de la facultad. El tema Guapoy. Creo que a cualquiera de los integrantes del Grupo de Amigos le cabrian las mismas respuestas que di, por eso lo comparto con ustedes. Gracias a Emilia y gracias a todos los que se siente integrantes de esta causa:

Entrevista a Enrique Hopman.

“Guapoy me dio un motivo más para trabajar en la vida”

“Amigos de Guapoy”, se formó en 2007 y tiene como objetivo cooperar con la aldea Guapoy, perteneciente a la provincia de Misiones.


Enrique Hopman cuenta que siempre había tenido una predisposición para ayudar a los aborígenes pero fue en el 2007, mientras que estaba de vacaciones en Iguazú cuando tuvo la oportunidad de visitar aldeas que conservaban las costumbres primitivas y decidió a empezar con la ayuda.
“A 45 días de la visita volvimos a viajar con casi dos toneladas de mercadería, sobre todo ropa y mucho material didáctico. Sus necesidades básicas eran ropa, agua potable, alimentos, la escuela estaba muy demacrada, casas precarias, un estado de abandono total” y agrega: “ellos viven gracias a la venta de las artesanías que hacen y les habían prometido mejorar el puesto de artesanía, pero nunca se cumplió. Cuando llegamos el cacique nos comentó que mucha gente les había prometido que volverían pero que nosotros éramos los primeros en cumplirlo”.
Hopman dice que eligieron esa aldea por casualidad y gracias a un guía de la zona que les indico como llegar a la comunidad, además continúa diciendo: “Fui hasta el lugar, hablé con el cacique y entendí al instante todo lo que necesitaban.” También es importante resaltar que es una de las aldeas de más fácil acceso y que mantiene muchas de las costumbres originarias al igual que la lengua Guaraní.
El grupo “Amigos de Guapoy” está formado por diez personas que están desde su comienzo y muchas más que colaboran esporádicamente, también participan familias de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza y entidades anónimas. Y con respecto a los viajes que se hacen a la comunidad, Enrique comenta: “El grupo que viaja va variando considerablemente. Se formo un circuito de confianza donde contamos con la ayuda de dos empresas de transporte que nos llevan las donaciones gratis y gente que coopera para que podamos solventar los gastos del viaje, con la garantía de que todo llega a la comunidad.”
Las donaciones son provenientes de vecinos, gente que se entera del proyecto y todo el que esté dispuesto a colaborar.
Con gran sensibilidad, el geólogo cuenta detalladamente las necesidades prioritarias de los habitantes que principalmente se sitúan en la falta de ingresos, hace hincapié en que la única forma que tienen los aborígenes de recaudar dinero es a través de un puesto de artesanías que está al costado de la ruta provincial y además dice que tienen un pedazo de selva virgen donde han hecho trampas para mostrar a los turistas.

Con respecto a la educación de los niños hay una escuela que, antes de la ayuda de este grupo solidario, se encontraba en muy malas condiciones y, gracias a su acción, se ha logrado equipar con computadoras y se pintó por completo. Una docente viaja todos los días a darle clase a varios niños y con la dificultad de que carecen de material didáctico.
Por otra parte es necesario un docente bilingüe para que los niños puedan aprender guaraní, por eso dos jóvenes pertenecientes a la comunidad Guapoy viajan a Iguazú para perfeccionarse y poder cumplir esa función.
Además hay una parte importante de la población que solo habla Guaraní y que no sabe ni leer ni escribir, por lo que también se aspira a que en el futuro esa proporción de la aldea pueda ser alfabetizada.

“Como dije, cuando era joven tenía esa inquietud y ahora que pude canalizarla en conocer gente y ayudar, eso hizo que logre mi objetivo.”, afirma Hopman.
Gracias al trabajo de “Amigos de Guapoy” se logró hacer un nuevo puesto de artesanía más atractivo para los clientes, arreglar viviendas extremadamente precarias, mejorar la escuela, traer el agua potable, huertas, lograr becas de estudios para los chicos que se quieran dedicar al turismo, también se les ha enseñado formas más avanzadas para cultivar flores y con eso van solventando los gastos que tengan además de tratar de inculcarle a la aldea nuevos hábitos de limpieza y cuidado de la naturaleza.
Pero aunque lo que se ha logrado ha sido importante Enrique Hopman junto con todos sus colaboradores tienen como objetivo ahora continuar la obra en otras aldeas por lo que están recolectando información para evaluar la situación de comunidades más precarias.
Y con respecto a los próximos proyectos en Guapoy cuenta: “En primer lugar un proyecto de alfabetización y por otra parte la gestión de documentos para toda la población que está indocumentada. Ellos quieren construir su templo pero es complicado porque necesitan de materiales específicos que no están en Guapoy.”
Además el geólogo confiesa: “Quería que se reconocieran estas comunidades y valorizarlas, son culturas que no son atrasadas sino que tienen una visión diferente del mundo, sin tecnología. Tenemos mucho que aprender de ellos, de sus creencias y valores.”, e insiste: “Me dieron un motivo más para trabajar en la vida, que no se limita a lo económico o profesional de cada uno sino también dejar un poco en pos de lo que uno cree.”

También asegura entre una gran emoción y mucho orgullo: “Jamás creí que iba a formar este grupo. Me cambió la vida, me siento gratificado. Todo el que ha ido, ha traído mas de lo que ha llevado y una visión del mundo totalmente distinta.”

“Una utopía sería que estas comunidades manejen los parques nacionales.”, dice Enrique mientras se le llenan los ojos de lágrimas, ya que sabe que lo que plantea es casi imposible.

El geólogo y profesor de medio ambiente sabe que está colaborando con una parte de la sociedad que nadie recuerda, población muy cercana a uno de los centros turísticos más importantes de la Argentina. Pero a su vez representan a las masas más discriminadas, desvalorizadas y poco respetadas, no solo por los habitantes de Iguazú sino por un país que ni siquiera reconoce sus propias raíces.

El Senado aprobó por unanimidad la prórroga de la ley 26.160

El pasado miércoles, en el Senado de la Nación, fue aprobado por unanimidad el proyecto que prorroga por tres años la vigencia de la ley de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas.

Senado de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección General de Publicaciones

(S-0659/09)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,..
Artículo1º- Prorrógase por el plazo de 3 (tres) años la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, declarada por el artículo 1º de la Ley 26.160. Esta prórroga comenzará a regir a partir del 23 (veintitrés) de noviembre de 2010.
Artículo 2º- Suspéndase por el plazo de la emergencia, prorrogado por el artículo 1°, las ejecuciones de sentencias, actos procesales y administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1º de la Ley 26.160.
Artículo 3º- Prorrógase por 3 (tres) años el plazo establecido para la realización del relevamiento previsto en el artículo 3º de la Ley 26.160. Esta prórroga comenzará a regir a partir del 23 (veintitrés) de noviembre de 2009.
Artículo 4º- El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas deberá informar cada 6 (seis) meses a ambas Cámaras del Congreso de la Nación acerca de los avances alcanzados en el cumplimiento del artículo 3º de la Ley 26.160.
Artículo 5º- Esta ley es de orden público.
Artículo 6º- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Artículo 7º- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo Martínez.- Juan C. Marino.- Ernesto R. Sanz.- Luis P. Naidenoff.- Rubén Giustiniani.- Gerardo R. Morales.- Samuel Cabanchik.-

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente,

La ley 26.160 declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, así como la suspensión de la ejecución de sentencias, actos procesales y administrativos, cuyo objeto sea el

desalojo o desocupación de aquellos territorios. Asimismo, se ordenó al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas el relevamiento técnico jurídico catastral de la situación de las tierras ocupadas por estas comunidades.

Sin embargo, ante una solicitud de información pública realizada en el marco del Decreto 1172/03 por diversas organizaciones de la sociedad civil1, en la que se requirieron datos precisos y actualizados sobre el desarrollo Programa Nacional de "Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas - Ejecución de la Ley N° 26.160" en las distintas provincias, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas puso de manifiesto que sólo se habían aprobado seis proyectos provinciales de relevamiento territorial y que sólo dos Provincias (Salta y Santiago del Estero) estaban en condiciones de recibir los fondos destinados al mencionado relevamiento.

Del informe se desprende que, hasta octubre de 2008 no se había comenzado con la ejecución del relevamiento en ninguna provincia.

Esta dilación en la puesta en marcha del relevamiento técnico - jurídico - catastral, dispuesto por la ley 26.160, tiene como envés las trágicas imágenes que llegaban hace pocas semanas desde Tartagal. En las primeras semanas de febrero del 2009 un aluvión de agua, barro y troncos avanzó abrupta mente sobre esa ciudad dejando un saldo provisional de dos muertos y varios desaparecidos, afectando especialmente a barrios humildes, donde construcciones, casas y puentes fueron arrastradas y destrozadas violentamente con un saldo de alrededor de 1.000 evacuados y 2.000 viviendas arrasadas.

Según se explica, la causa principal de este alud apunta a la desmedida deforestación de bosques nativos2. Los expertos revelan que como resultado de los desmontes se obturan los ríos naturales con sedimentos y aumenta la magnitud de aludes y crecidas. Con la deforestación se elimina la "cárcava", "una estructura en el suelo que se forma, antes que nada, por la ausencia de cobertura - pastos, árboles - que protejan al mismo del golpe de las gotas de lluvia. Destruidos y lavados así los primeros milímetros del suelo, el agua acumulada va concentrándose en la zona más baja y empieza a correr por allí, ayudando a socavar más profundamente”3. Con los desmontes, las primeras capas de cárcava son extraídas."Una vez quitada la primer capa, si se trata de un suelo mineral pobre en arcillas

1 Fundación Servicio, Paz y Justicia y Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra. La solicitud fue presentada con fecha 29/09/08 y respondida con fecha 16/10/08.

2 Por ejemplo, en el año 2007 la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo sustentable de Salta, con el aval del entonces gobernador Juan Carlos Romero, autorizó el desmonte de 400.000 hectáreas de bosques nativos, ante la inminente sanción de la Ley de Bosques.

3 "Tartagal: crónica de una tragedia anunciada", en http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2009021209.

y en materia orgánica, el derrumbe de material es muy fácil y ocurre en cortes verticales. La cárcava es retrogradante, es decir, va zigzagueando y creándose a sí misma. La caída de agua dentro de ella excava el material que le permite crecer y avanzar - y el aumento de tal trinchera aumenta el caudal que puede captar”4.

La historia del desmonte en la Argentina es de larga data. El Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos (PINBN)5 señala que, entre fines del siglo XIX y principios del XX, la Argentina tenía aproximadamente el 30% de su superficie continental cubierta por bosques (unas 100.000.000 ha). La expansión del sistema ferroviario primero, y la expansión de la frontera agrícola ganadera después, generaron una importante reducción de la superficie forestal. La deforestación fue acompañada con el desplazamiento de los pueblos originarios que tradicionalmente ocupaban los bosques nativos.

A partir de 1980, comenzó en nuestro país un nuevo período de deforestación favorecido por la inversión en infraestructura, los avances tecnológicos, transgénicos y siembra directa) y el contexto internacional de globalización que se acentuó en la década del 90 y continúa hasta nuestros días. En la actualidad, sólo quedan 31.443.873 de has. de boques nativos en todo el país; de las cuales, 8.024.296 has. pertenecen a la provincia de Salta.

Las consecuencias de esta devastación son múltiples: pérdida de fertilidad del suelo, aludes y torrentes, degradación de los suelos por los factores climáticos y por las mismas labores agrícolas. Entre las consecuencias sociales no puede dejar de mencionarse la pobreza en zonas rurales y los vacíos territoriales por migración.

En la audiencia propiciada por el la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) el miércoles 18 de febrero del presente año, los propios Ministros "se mostraron impresionados por la magnitud de la deforestación en Salta, que en los últimos 10 años arrasó con 1.200.000 de hectáreas de bosques nativos”6. Esta audiencia fue convocada a propósito del recurso de amparo interpuesto en diciembre de 2008 por un grupo de particulares, comunidades indígenas y asociaciones criollas que buscaban de esa forma impedir la continuidad de la tala de árboles en distintas zonas de esa Provincia. Como se recordará, la Corte dictó el 29 de diciembre de

5 Informe Nacional. "Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos". Ministerio de Desarrollo Social Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable Dirección de Bosques Proyecto Bosques Nativos y Areas Protegidas. Diciembre 2005.

6 "La Corte interpeló a funcionarios salteños por la tala de bosques", Clarín, 19/02/09.

2008 una medida cautelar mediante la cual dispuso el cese provisional de los desmontes y talas de los bosques nativos7.

Como resultado de la audiencia, los Ministros confirmaron que los estudios de impacto ambiental previos a los permisos de desmonte no tuvieron en cuenta a las comunidades, y que las audiencias públicas no otorgaron efectivo acceso a los pobladores. Todo ello en directa agresión a Derechos y Garantías Constitucionales (arts. 16, 17, 29, 31, 41, 42, y 75 inc. 17 de la Constitución Nacional).8

En este marco, el proyecto que aquí presentamos intenta dar impulso a una de las demandas incumplidas por el Gobierno nacional relativas a la debida protección y reconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades también afectadas por el alud y la deforestación. Entendemos que con ello se dará efectivo cumplimiento a parte del resolutorio de la CSJN, así como también lo estipulado por este Congreso en la Ley 26.160.

Ante los incumplimientos denunciados en el más alto tribunal de justicia, que abarcan muchas de las estipulaciones de la normativa mencionada y afectan gravemente derechos constitucionales, proponemos otorgar una extensión de la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras originariamente ocupadas por comunidades indígenas originarias del país, hasta tanto se dé cumplimiento al relevamiento técnico - jurídico - catastral de la situación dominial de estas tierras y otras acciones tendientes a estos fines, que deben llevar adelante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) junto a otros organismos competentes (art. 3° de la Ley 26.160). Para el logro de esta finalidad se propone extender el plazo estipulado para que el INAI y otros organismos competentes puedan llevar a cabo debidamente esta tarea. Asimismo, hasta tanto esta tarea se concrete, mantenemos la suspensión de la ejecución de toda sentencia u actos procesales y administrativos que ordenen el desalojo o desocupación a los territorios referidos.

7 SALAS, DINO y OTROS C/ SALTA, PROVINCIA DE Y ESTADO NACIONAL s/ amparo. JUICIO ORIGINARIO. S.C., S.1144, L.XLIV.

8 "La corte ...", Op. cit.

9 "...Artículo 75.- Corresponde al Congreso: (...) 17. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de arras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones..."

Consideramos que el relevamiento ordenado por la ley 26.160 forma parte esencial del mandato constitucional del artículo 75° inciso 179 de nuestra Constitución, consagrado a saldar la deuda histórica que el Estado argentino tiene con sus pueblos originarios. Esta reparación histórica no puede ser desvinculada de la devolución de las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos originarios. Ello no puede ser de otra manera, si se considera el vínculo especial que une a los pueblos originarios con sus tierras. Tal como lo ha señalado expertos de la OIT: “...La tierra tiene importancia fundamental para la cultura y la vida de muchos de estos pueblos. Es la base de su subsistencia económica, de su bienestar espiritual y de su identidad cultural. Por tales motivos, la pérdida de tierras ancentrales amenaza su supervivencia misma en cuanto comunidad y como pueblo...” (Convenio Número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales: un manual, pág. 29. Organización Internacional del Trabajo, 2003).

Finalmente, no queríamos dejar de mencionar que este proyecto reconoce como antecedente el proyecto de ley 226-D-2009 presentado por los Diputados Alejandro Nieva y Miguel Giubergia en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a quienes agradecemos su colaboración.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen con la firma el presente proyecto de Ley.
Alfredo Martínez.- Juan C. Marino.- Ernesto R. Sanz.- Luis P. Naidenoff.- Rubén Giustiniani.- Gerardo R. Morales.- Samuel Cabanchik.-
En Diputados tambien!!!!
La iniciativa, que fue presentada por el parlamentario chaqueño en julio y aprobada en la noche del miércoles por 138 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, dispone una prórroga a la vigencia del Fondo Fiduciario de Reparación Histórica a las Comunidades Indígenas, Ley 26160, hasta el 23 de noviembre de 2013.

El objetivo de la prórroga es que en ese plazo el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) realice el relevamiento técnico y jurídico catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades originarias. “Tantos siglos de atropellos, vejaciones y maltratos hacen que siempre esté faltando algo para cumplir nuestras obligaciones con nuestros pueblos originarios”, apunta el texto de la normativa.

ORGINARIOS EN PELIGRO

La norma denuncia además la situación de indefensión jurídica que viven las comunidades indígenas, careciendo de medidas efectivas para la protección de la posesión y propiedad de las tierras "que tradicionalmente ocupan". Así también, el texto repasa la situación dada por la invasión a esas tierras y la destrucción de sus recursos naturales, por parte de inversores multinacionales, y empresas nacionales que además evidencian una peligrosa concentración de la tierra.

Refiriéndose a la legislación vigente, el proyecto señala que “un efecto realmente positivo de su sanción, es que ha permitido la intervención judicial para suspender desalojos de aborígenes de sus tierras ancestrales”, remarcando que “también nos encontramos con los inconvenientes que venían de arrastre y que han provocado demoras en la realización del relevamiento en su totalidad”.

ESTADO PRESENTE

Por último la iniciativa detalla que, si bien hasta ahora hay otras iniciativas que proponen un año de prórroga, el plazo propuesto por Morante “implica que trasciende al mandato de este Gobierno, y es bueno que así sea”, observa, agregando que: “Con ello estaremos señalando que el cumplimiento de la Ley 26.160 es una política de Estado y será una manera de mostrar al mundo, que existe un verdadero consenso nacional en cumplir con el mandato constitucional


AGUYJEVETE!!!!!!!!!!!!!!!!

Comunidades mapuche en Argentina: reacción a un comentario periodístico

En una opinión sobre « La cuestión mapuche” publicada en La Nación el 22 de septiembre del 2009, el periodista Rolando Hanglin argumenta acerca de la autoctonía de los indígenas mapuche que hoy viven en territorio argentino con la finalidad explícita de cuestionar su pretendido reclamo de devolución de tierras e indemnización por el genocidio sufrido por sus antepasados, reclamo sobre el que no aporta ninguna precisión.
Hanglin no objeta que la comunidad Cayún de San Martín de los Andes sea indígena. Lo que motiva su reacción es que se autodefina como mapuche. Los mapuche, pretende demostrarnos salpicando su texto con referencias bibliográficas heterogéneas, no existieron jamás en territorio argentino. Eran oriundos de Chile, penetraron en las pampas desde el siglo XVII de modo violento y vivían del malón contra las estancias de las fronteras. Los reclamos de sus descendientes en territorio argentino serían por lo tanto ilegítimos. Lo que está negando el señor Hanglin es nada más y nada menos que la preexistencia de los mapuche a las provincias y al Estado nacional, que la Constitución reformada en 1994 reconoce a los pueblos indígenas en su artículo 75, inciso 17.
En mi condición de historiadora, quisiera reaccionar a la opinión periodística de Hanglin en torno a tres puntos: quiénes son los mapuche, porqué se los acusa de extranjeros y qué derechos reconoce la legislación argentina a los pueblos indígenas.

¿Quiénes son los mapuche?

En algunas de sus afirmaciones, Hanglin tiene razón: los textos de los cronistas de Indias, de los geógrafos militares, de los propios caciques en su correspondencia con las autoridades nacionales, y de autores célebres como Zeballos, Mansilla y Prado no hablan de “mapuche”: Zeballos se refiere a araucanos, Mansilla a ranqueles, Prado a indios nomás.
Si –como lo recomienda a sus lectores- profundizara un poco más en sus lecturas etnográficas e históricas, Hanglin se percataría quizás que tampoco aparecía en aquellos tiempos el término “mapuche” en el propio Chile (ni el de “argentinos” en el ámbito rioplatense, donde sí había en cambio mendocinos, puntanos, cordobeses, tucumanos, santiagueños, santafecinos y porteños, entre otras pertenencias étnicas). Es que, como los demás pueblos y naciones del mundo, los mapuche no fueron ni son una esencia inmutable congelada en el espacio y en el tiempo, sino el dinámico resultado de un complejo proceso histórico.
Los combativos naturales de Chile, que Alonso de Ercilla denominó tempranamente araucanos, se solían llamar a sí mismos reche, la “gente auténtica”, pero aparecen a menudo en las fuentes designados por otros según su situación relativa. Así, los picunches eran las gentes del norte, los huilliches las del sur, los puelches, las del este y los moluches las del oeste. En el siglo XVIII se habían organizado políticamente en cuatro grandes agrupaciones territoriales longitudinales que se conocían como Vutanmapus: los costinos eran los lavquenches, los llanistas o “abajinos” lelvunches, los del pedemonte andino (inapire-vutanmapu) eran huenteche o “arribanos” y los de la cordillera se conocían como pehuenches. Estas diferentes agrupaciones eran políticamente autónomas, y así como concretaban alianzas militares y económicas entre sí, se enfrentaban a menudo en cruentos conflictos. La palabra mapuche empieza a aparecer en los textos recién a mediados del siglo XVIII, cuando estos pueblos, profundamente transformados en su economía, su organización social y política y hasta en sus creencias religiosas por su experiencia de contacto secular con los europeos, emergen de ese largo proceso como algo nuevo, que se autodefine como mapuche, “gente de la tierra”, por oposición al no indígena, al winka. El antropólogo francés Guillaume Boccara ha rastreado magistralmente esta evolución en su tesis doctoral .
Desde los albores del siglo XVII, estos indios de la Araucanía que aún no se llamaban mapuche ingresaron en las pampas ya sea huyendo de las incursiones esclavistas españolas que asolaban sus tierras – las temibles malocas que el propio Virrey del Perú condenaba en 1621 porque “no son para conquistar la tierra sino para robarla y sacar piezas de esclavos y quemarles sus sementeras” -, ya procurando por trueque o por captura directa los caballos baguales que les servirían en su lucha contra el español o bien vinculándose con grupos locales mediante alianzas matrimoniales o parentescos ficticios. A partir de mediados del siglo XVIII, pacificadas las relaciones fronterizas en Chile, surgió allí un mercado ávido de productos que podían proveer los indios de la Araucanía: ponchos y mantas tejidos por sus mujeres, sal traída del actual Neuquén, cautivos de otros grupos vendidos como esclavos y vacunos que, una vez agotado el ganado cimarrón, se obtenían asaltando las estancias de la región pampeana o las haciendas de otros grupos indígenas, así como mediante la propia cría de animales. Algunos se impusieron violentamente a las poblaciones preexistentes, pero la gran mayoría se fusionó con ellas a través de matrimonios mixtos y alianzas político-militares mutuamente ventajosas.
Esta presencia de indios procedentes de la Araucanía y la atracción de un mercado trasandino generó asimismo una completa transformación de las sociedades nativas pampeanas, integrándolas a un vasto circuito comercial que vinculaba dos polos de la economía colonial (el Río de la Plata y Chile) a través de los territorios indígenas. Del Atlántico al Pacífico y vice-versa circulaban ganados, personas y toda clase de bienes, en un movimiento permanente que conoció picos de extrema violencia y que se incrementó de modo significativo en el siglo XIX como consecuencia de los desplazamientos masivos de grupos chilenos hacia las pampas por las guerras de la independencia y lo que se llamó la Guerra a Muerte en Chile. Así como varios grupos pampeanos se “araucanizaron” en la lengua, en el vestido, en el armamento y en las creencias, los nativos chilenos instalados definitivamente en las pampas se “pampizaron” adoptando las boleadoras y la vivienda en toldo, relegando la agricultura y poniendo énfasis en la caza y el nomadismo estacional. Como resultado de esas transformaciones, también en las pampas fueron surgiendo nuevas entidades étnicas cuyo modo de vida ya poco tenía que ver con el de sus antecesores querandíes, chanás, comechingones o huarpes de tiempos de la conquista, cuyos nombres (aucas, ranqueles, mamelches, teguelchús, huilliches, salineros, entre otros) tampoco figuran en los textos de los dos primeros siglos de la conquista y cuya cultura contenía, además de la lengua mapudugun, cantidad de elementos de origen “araucano”. Pese al innegable aporte demográfico y a la fuerte influencia cultural de los indios de la Araucanía en el ámbito pampeano, es tan excesivo afirmar que los mapuche “dominaron y absorbieron” a los primitivos habitantes como imaginar que la población argentina fue “dominada y absorbida” por las masivas oleadas de inmigrantes italianos, gallegos, franceses, alemanes, polacos, ingleses y turcos que desembarcaron en nuestras tierras: mapuche y argentinos somos el resultado híbrido de fusiones y mestizajes diversos, a veces dolorosos, siempre originales.
Los mapuche, por lo tanto, son un producto de la historia como lo somos los argentinos y los chilenos. Tras la derrota militar sufrida en la década de 1880 a ambos lados de la cordillera y la incorporación de sus territorios a los estados nacionales de Chile y Argentina, los pocos sobrevivientes que lograron quedarse en sus tierras o volver a ellas dejaron de lado sus querellas e identificaciones étnicas previas y fueron adoptando poco a poco la identidad de mapuche con la que hoy se reconocen, distinguiéndose de los winkas .

Los mapuche, ¿todos chilenos?

Si es cierto que los indios de la Araucanía introdujeron su cultura en las pampas, no todos los indígenas “chilenos” que aparecían en las fronteras rioplatenses venían de allende la cordillera. ¿Hace falta recordar que, hasta la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, las provincias de Cuyo formaban parte de la Capitanía General de Chile? Lo que se conoce menos es que el territorio de la actual Neuquén, lejano a las fronteras rioplatenses pero cercano a la de Concepción, era considerado por las autoridades coloniales españolas como sujeto a la jurisdicción nominal de Chile, si bien estaba en poder de los aborígenes. Los territorios indígenas fueron anexados militarmente por los estados argentino y chileno y el criterio de que la cordillera debía constituir un límite político internacional en la Patagonia no se fijó sino hasta 1881.
Esto significa que muchos de los “indios de la cordillera” o “de Chile” que según los documentos coloniales y de las primeras décadas de la independencia aparecían en el ámbito pampeano eran, en realidad, indios neuquinos, huilliches o pehuenches. El caso más conspicuo es el de los ranqueles, llamados en Chile huilliches orientales o huilliches de las pampas, que surgieron de la fusión en el corazón de la pampa de grupos pehuenches de Ranquil con huilliches neuquinos y un sustrato pampa.
La vinculación del Neuquén con Chile preexistía a la conquista española y no cesó luego de que se fijara el límite internacional en la cordillera. Incluso después de 1881, la región siguió siendo “el hinterland de los principales centros urbanos chilenos”, donde se criaba el ganado que sería transformado y consumido en Chile. Chilenos eran también los grandes hacendados que compraron tierras a los primeros adjudicatarios de los remates públicos luego de la “conquista del desierto”, así como gran parte de los pobladores criollos del territorio nacional del Neuquén. “Los vínculos con Chile de los habitantes del norte neuquino fueron permanentes. En las ciudades chilenas se abastecían, se comerciaba, se inscribían los nacimientos y se enviaban los niños a la escuela. La identidad de la población era predominantemente chilena y este apego se trasladaba a los territorios que ocupaban”. En cuanto a la población indígena, los grupos que habían huído a Chile durante la “campaña al desierto” fueron regresando y se encontraron en sus antiguas tierras con “situaciones de violencia, ebriedad, relaciones usurarias y desalojos de familias indígenas, sin que se legislara sobre una forma definitiva de adjudicación de tierras para ellas” . Pero no se encontraron sólo con eso: los discursos oficiales de fines del siglo XIX se ocuparon de clasificar a los grupos nativos catalogándolos como “amigos”, “sometidos”, “nómades” o “extranjeros”, categoría esta última que solía recaer sobre los más rebeldes, vistos como “enemigos chilenos”.
A casi 120 años de aquel despojo, la situación no ha cambiado mucho para esos indígenas que hoy se dicen mapuche y mantienen estrechos vínculos con sus hermanos de la vertiente occidental de los Andes. Como si no tuvieran bastante con la marginación económica y social en la que viven, sigue habiendo quienes les imputan el crimen de ser chilenos. Resulta revelador que el estigma de la extranjería les pese a ambos lados de la cordillera. En efecto, los intelectuales chilenos decimonónicos, tras haber ensalzado brevemente a los héroes de la resistencia araucana como precursores de la gesta de la independencia, elaboraron un discurso virulentamente antiindigenista que expulsaba al mapuche de la historia nacional y lo denunciaba como “una raza que no forma parte del pueblo chileno”. De este modo, “el territorio ocupado por los mapuche era chileno, pero ellos no” . Siguiendo estos postulados, el historiador chileno Ricardo Latcham llegaba en 1930 a la conclusión de que “el pueblo que generalmente llamamos araucano y que habitaba entre el Itata y el Toltén a la llegada de los españoles, no era un elemento indígena chileno. Parece haber llegado del otro lado de los Andes, introduciéndose como cuña en la región [...]. Allí, con toda probabilidad se fusionó con los antiguos ocupantes del suelo, formando los araucanos de la historia” . La tesis de Latcham sobre el origen amazónico o chaqueño de los araucanos, hoy totalmente desestimada, tuvo en su momento varios seguidores en Chile y se consagró en los manuales escolares de historia del siglo XX, que presentaron al mapuche como un invasor belicoso que nada tenía que ver en la formación del pueblo chileno.
Curioso baldón el que pesa sobre la “gente de la tierra”: extranjeros a ojos de los winkas chilenos, extranjeros para los winkas argentinos. Como lo señalan las antropólogas Claudia Briones y Morita Carrasco, la adjudicación de extranjería se sigue usando políticamente “para desacreditar ciertos reclamos de comunidades y organizaciones mapuche dentro de la Argentina” .

¿Qué derechos tienen los pueblos indígenas en la Argentina?

La comunidad mapuche Cayún es una comunidad indígena oficialmente reconocida. Y como tal, goza en la legislación argentina de determinados derechos.
El proceso legislativo de reconocimiento de derechos indígenas fue iniciado por las provincias, seguidas en 1985 por la ley 23.302 sobre política indígena y apoyo a las comunidades y en 1994 por la reforma constitucional que, entre otras modificaciones, define como atribución del Congreso Nacional “reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos [...]; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”, tierras que no podrán ser enajenadas, tansmitidas o sujetas a gravámenes o embargos.
En el año 2000, la Argentina ratificó el Convenio 169 de la OIT, que consagra sus artículos 13 a 19 a la cuestión de la relación colectiva de los indígenas con la tierra y reclama a los gobiernos medidas para reconocer los derechos de propiedad y posesión indígenas, garantizar la protección efectiva de esos derechos y asegurar la participación de los pueblos indígenas en la utilización, administración y conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras. La Argentina es además estado-parte en la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, instrumentos que protegen en diversas medidas los derechos individuales de las personas de origen indígena.
En el 2006, el congreso nacional sancionó la ley 26.160, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país y suspende por cuatro años todas las medidas de desalojo y desocupación de esas tierras, creando un fondo destinado al relevamiento de las mismas, así como a cubrir los gastos de profesionales que intervengan en causas judiciales y extrajudiciales y a programas de regularización dominial.
Estos recientes avances legislativos ponen en evidencia que después de décadas de políticas asimilacionistas que intentaron diluir al componente indígena dentro de la población nacional, apostando si no a su extinción progresiva, al menos a su definitiva invisibilización, el Estado argentino se ha comprometido formalmente ante su ciudadanía y ante la comunidad internacional no sólo a reconocer a las personas indígenas los derechos individuales que les corresponden en tanto ciudadanos argentinos, sino a las comunidades aborígenes derechos específicos, derivados de su preexistencia étnica y cultural, que les permitan conservar y desarrollar sus culturas y modos de vida. Quienes niegan la autoctonía de las comunidades mapuche del Neuquén, cuestionan la constitución nacional y desconocen los compromisos internacionales asumidos por nuestro país.

Florencia Roulet
Lic. en Historia

I Jornadas Latinoamericana de Derechos Humanos de Pueblos Originarios

Estuvimos participando de las jornadas llevadas a cabo en el circulo de Abogados de Buenos Aires, organizadas por el AADI, a las que fuimos especialmente invitados por el GAJAT. Lo mismo que lo fueron dos representantes de las aldeas mbya guaranies de Misiones. Por el poco tiempo disponible entre la invitacion y las fechas de las jornadas, Miguel Morinigo, representante legal de Yryapu, unico al que pudimos contactar, al final, por razones personales, no pudo viajar. El nivel de los expositores nacionales e internacionales fue muy bueno.
Nos hemos encontrado con German y Maria Ines Canuhe, ranqueles de La Pampa, con Vasco Baigorri, de Aristobulo del Valle, Misiones y gente de varios lugares del pais, y de Latinoamerica. En el segundo dia se profundizaron algunos contactos que pueden ser importantes- Por la tarde se llevaron a cabo 3 talleres,participando nosotros en el de Territorialidad, junto a la mayoria de los representantes de comunidades indigenas que habian concurrido al encuentro, entre ellos Felix Diaz de La Primavera, Formosa, Maria Ines Canuhe de La Pampa y lideres de las comunidades Quilmes de Tucuman, Recreo (Mocovi) de Santa Fe, mapuches, Qom, Pilagas, kollas,el Dr. Chivi Vargas, de Bolivia,el Dr. Rapiman de Chubut y otros.
Las conclusiones a las que arribo el taller y mi opinion sobre lo debatido se las expondre mas adelante cuando haga un resumen. Hay cosas positivas como que abogados argentinos comiencen a actuar en consonancia con los reclamos indigenas, pero lo negativo es que, vaya novedad, la justicia y sobre todo la politica, no actua con la celeridad necesaria en los casos de resolucion urgente en temas de desalojos o intrusiones.
Aguyjevete!
Dentro de los homenajes efectuados, se hizo un minuto de silencio en homenaje a Javier Chocobar, muerto en Tucuman durante los reclamos de la comunidad Diaguita, NOS SUMAMOS!
RECHAZO ANTE LOS HECHOS DE VIOLENCIA CONTRA LA COMUNIDAD DIAGUITA EN TUCUMÁN

El Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS) expresa su profunda preocupación y rechazo por los hechos de violencia acontecidos el 12 de octubre, en el territorio de la comunidad Chuschagasta, parte del pueblo diaguita, en los que perdió la vida Javier Chocobar, uno de sus integrantes.

Lamentablemente estos hechos no son aislados y constituyen una expresión de las cotidianas violaciones que padecen los pueblos indígenas, al exigir el reconocimiento de sus tierras de uso y ocupación tradicional.

Recientemente, en la misma provincia de Tucumán, la Comunidad India Quilmes sufrido un violento desalojo. Situación que se replica en la provincia de Neuquén con los desalojos ordenados a las comunidades mapuche Currumil, Huenctru Trewel Leufu y Paycil Anxiaw, así como en otros puntos del país.

El desalojo, violento o no, constituye una violación de los compromisos asumidos por nuestro país en materia de protección de los derechos de los pueblos originarios. En particular de la ley 26.160, que declaró por el plazo de 4 años la emergencia de la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas, suspendió los desalojos administrativos o judiciales y ordenó realizar un relevamiento territorial de todas comunidades indígenas del país.

CEPPAS se suma al rechazo manifestado por distintas organizaciones de la sociedad civil. Expresa su solidaridad a todos y todas las integrantes de la comunidad Chuschagasta, apoya su lucha por el reconocimiento de sus tierras de ocupación tradicional, así como la todos los pueblos originarios asentados en el actual territorio nacional. A la par, insta a todos los organismos gubernamentales a adoptar las medidas necesarias para investigar y sancionar a los responsables de este crimen.

El Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS) es una organización no gubernamental que trabaja para la promoción y el desarrollo de políticas públicas concretas, vinculadas al proyecto social y político del socialismo.

PARA MAS INFORMACIÓN CONTACTARSE CON:

Andrés Mamaní - Comunidad Chuschagasta (0381 155669620)

Fabián Fernández - Comunidad Chuschagasta (0381 155863495)

Margarita Mamaní - Comunidad El Mollar (381 5393286)

Daniel Carlorosi - ANDHES (381 156425622)