Novedades de la Ley 26160 en Misiones.

Informe sobre el avance de la Ley 26160 en Misiones:
PERSPECTIVA. Sin relevamiento, las aldeas no tienen como respaldarse.
• La Ley 26.160, de 2006, establecía que en tres años debía estar concluido el relevamiento territorial
• Hasta ahora Misiones recibió 3,5 millones de pesos •

POSADAS. Cuando restan poco más de cuatro meses para que la Ley Nacional de Emergencia en Materia de Posesión y Propiedad de las Tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país 26.160 pierda vigencia, en seis años en Misiones apenas se relevaron 8 de las 103 comunidades mbya.
Desde el Equipo Misiones de la Pastoral Aborigen (Emipa) sostienen que “el relevamiento está prácticamente detenido” y por tal motivo elevaron un pedido de informe al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), solicitando detalle de cuántas comunidades fueron relevadas.
Según Emipa, la aldea Alecrín, de San Pedro, es la primera del país en la que se ha completado el relevamiento. No obstante, aún está lejos de la titularización.
Fondos millonarios
El informe del INAI señala que entre enero de 2011 y mayo de 2012 el INAI otorgó al Ministerio de Derechos Humanos de Misiones y la Coordinación General de Gabinete -organismos con los que firmó los convenios para implementar los relevamientos- 2 millones de pesos.
En teoría, y según expresa el informe, estos montos ya fueron ejecutados. La pregunta es:¿por qué se avanzó tan poco si el dinero había sido girado a la provincia? Y ¿si no se concretó el relevamiento, dónde fue a parar ése dinero?
En agosto de 2012 el INAI otorgó 1.400.000 pesos más (equivale a la primera cuota de tres de un subsidio de 4.300.000 pesos, acordada en un segundo convenio).
Cabe señalar que en el informe figuran como “subsidios”, pero no son tales, ya que los montos deben ser rendidos por el Ministerio de Derechos Humanos.
El Emipa se encuentra elaborando otro informe sobre la utilización de los fondos.
Aldeas relevadas
En el informe del INAI se señala que los Equipos Técnicos Operativos (ETO) a cargo de las tareas hasta abril habían abordado 32 comunidades mbya guaraní de Misiones. Por cada una de ellas se elaboraron las correspondientes carpetas técnicas, de las cuales 22 ya fueron remitidas al INAI y 10 están siendo conformadas.
Ya hay seis carpetas que fueron aprobadas por el INAI y, según el informe, fueron remitidas a las aldeas con su correspondiente resolución. Se trata de Mbokajaty, Kaatymi, Takuaral, Pindó Tyi, Itao Mirí y Tekoá Yma.
“La Ley 26.160, habla del relevamiento pero sólo llega hasta ese punto:señalar qué tierras que ocupa la comunidad, pero no avanza en lo que es el proceso de titularización”, señaló a PRIMERA EDICIÓN Kiki Ramírez, del Emipa.
Además, indicó que las aldeas del lote 8 de Yabotí están en proceso de titularización y que el mismo surge de un acuerdo con la empresa World Land Trust.
Dilatado
La norma 26.160, sancionada en noviembre de 2006, establece que las provincias deben realizar un relevamiento técnico jurídico catastral de los territorios que habitan los pueblos originarios. Hasta tanto se concrete, se declaraba “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes”.
Dado que en el tiempo que la norma había establecido no se habían completado los relevamientos, en 2009 se prorrogó el plazo hasta noviembre de 2013.
Desde el Emipa estiman que se volverá a prorrogar, ya que, por ejemplo, tras los insistentes pedidos de los pueblos qom de Formosa brutalmente reprimidos por la Policía local, en mayo pasado la Corte Suprema de Justicia ordenó que se inicie un relevamiento que durará 18 meses, es decir, hasta diciembre de 2014.
En el marco de la Segunda Cumbre Nacional de los Pueblos y Organizaciones Originarias, realizada el 5 de junio, en Formosa, los representantes de veinte pueblos y naciones originarias se manifestaron alarmados ante los datos reportados por los equipos técnicos y las millonarias sumas gastadas para hacer este trabajo (para todo el país son unos 60 millones de pesos).