Pastoral Aborígen denuncia indefensión de los mbya

Nos llego este documento: se refiere a la situacion de los mbya guaranies de Misiones. Nos gustaria conocer los comentarios de los que lean esta denuncia.
27 de julio de 2008.
COCINAS SI TITULOS NO
Puerto Iguazú (Prensa Emipa). "El Gobierno pone en estado de indefensión jurídica a los Mbya Guaraní", aseguraron desde el Equipo Misiones de la Pastoral Aborígen en un documento difundido este fin de semana.
"Mientras que el organismo supuestamente creado para defender sus derechos los denuncia penalmente, sin que se pueda saber qué intereses protege, las comunidades sufren el embate de empresas devastadoras de monte que pasan un arado sobre sus cementerios en Alecrín, intrusos invaden sus tierras como sucede en el Valle del Kuña Piru, donde la Universidad Nacional de la Plata ocupa sus tierras negándose a devolverlas porque cree estar más capacitada que los mbya para protegerlas, mientras sufren a ojos vistas invasión y desmonte ante su silencio y el de las autoridades, las Comunidades ya hicieron la denuncia policial pero la inacción oficial, la invasión, junto a la destrucción de la reserva continúan", subrayan en el escrito.
Más adelante denuncian que "la aldea ubicada sobre Ruta 7, Tekoa Pora, está siendo rodeada por un desierto, las motosierras no paran de talar, en frente, Tekoa Guaraní sobrevive a duras penas en un territorio desmontado cuya titularidad la tiene el Banco Macro y no demostrando ninguna intención de transferir a la Comunidad un número de hectáreas aptas y suficientes para su desarrollo y subsistencia". Y mencionan el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional.
También aseguran que "en tanto la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes (DPAG) cuyo titular (Arnulfo Verón) y el ministro (Edmundo Soria Vieta), bajo cuya se dependencia se halla en la actualidad, fueron parte de una mediática invasión armada", y añaden que, "según los dichos de un funcionario del área, el Ministro 'fue invitado al evento' (sic), y sigue evitando que se cumpla con la Ley 26.160 de Emergencia de los Territorios Indígenas y retiene o no entrega a las comunidades su Personería Jurídica cuando la solicitan evitando así que puedan gestionar proyectos por ellas mismas".
El exenso documento del Emipa destaca que "en su momento los Caciques dijeron '… parece que el General Roca se hubiese instalado allí', refiriéndose a la DPAG, evidentemente sólo ha salido de los billetes de 100 pesos, según se desprende de la denuncia hecha esta semana por el Cacique Enrique Benítez de Tekoa Alecrín, ante la destrucción del ancestral cementerio de la Comunidad".
Más adelante hacen un repaso histórico. "Fue tiroteada desde la ruta, no sólo sus casas quemadas, como ocurrió en Yryapu, sino también su “Opy” – el templo de la Comunidad - o la destrucción de los hogares en Ñamandu, los habitantes amenazados. No hace mucho, obreros empleados de los madereros no les permitieron entrar “a su monte” a realizar sus tareas tradicionales de recolección", Y continúan diciendo que "al ingresar hoy a la Comunidad de Alecrín se puede ver en la zona de su destruido Cementerio rastros de árboles cortados, como también troncos apilados de madera nativa (incienso, rabo, guatambú, loro blanco, etcétera) a punto de ser llevadas, carpas o puestos de los obrajeros de la empresa Harriet S.A instalados en el lugar, el cementerio arrasado y preparado el terreno para sembrar por la empresa presumiblemente pinos, se observa también una mamadera que marcaba la tumba de un niño recién nacido que fue enterrado en el lugar, sus árboles medicinales y frutales cortados: bananos, mandarinas, durazno, pindó etcétera"
Aseguran en ese sentido que "el atropello no fue casual ni producto de un error, fue intencional porque en una de las entradas a la comunidad habían colocado un portón de troncos con un cartel hecho por ellos que decía 'Propiedad de los Indígenas'. El mismo fue destrozado. De ese portón quedaron nada más que las astillas después que se pasara sobre él. Decimos arrasar con las mismas, esto aparte de violentar la posesión, y la propiedad llevan al desalojo de las mismas por vía de la privación de su entorno, privación de su ambiente, horizonte vital para su supervivencia como tales, contando dichas acciones con la connivencia del estado, aparte de la responsabilidad de la empresa".
Al respecto insisten en que "el Estado provincial ausente promete cocinas pero no títulos de propiedad" y mencionan al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que, dicen, "parece estar demasiado lejos para ver lo que ocurre en la extrema provincia de Misiones"
En tanto, denuncian también que el Gobierno nacional, a través de su oficina el INAI, "nunca concretó absolutamente nada" y mencionan que "el organismo nacional enuncia una serie de programas y leyes, pero en realidad no brinda asistencia real –soluciones- permitiendo de esta manera que las empresas, los particulares, el Estado provincial, por acción y por omisión, violenten su territorio, su tranquilidad, violenten su paz comunitaria, su derecho a honrar a sus antepasados, violen lugares sagrados, violenten su ambiente, violenten su salud física y psíquica. ¿Qué se haría si esto pasara en una población blanca? ¿Cuántos organismos se movilizarían?", se preguntan.
En otro párrafo se indica qye sólo 26 comunidades, sobre más de 100, tienen el titulo comunitario de sus tierras, "lo que no significa que estas sean las aptas y suficientes que establece nuestra Ley Suprema después de su reforma de 1994. Otras no los tienen y corren el riesgo que las tierras que ocupan sean vendidas por sus titulares regístrales sin considerar su opinión, dándoles la misma importancia que a las piedras de los caminos o a los siervos de la gleba en la edad media".
Sobre las reuniones que se realizan para informar sobre el Acuífero Guraní, el Emipa asegura que no se pide pevia autorizacón a los caciques "para realizar estudios en sus territorios, se hacen investigaciones para emprendimientos turísticos que impactarán sobre los recursos de las comunidades sin darles intervención ni explicarlos en su idioma (Convenio 169 OIT)", mientras que "en reuniones como esas se hacen firmar actas cuyo contenido no condice con lo tratado", aseveran.
El docuemtno del Emipa advierte asimismo que "tampoco cumple con el Convenio 169 de la OIT, del que la Argentina es signataria, que establece en su artículo 7 que se deben tener en cuenta los efectos sociales espirituales, culturales y ambientales que las actividades - como las madereras o forestadoras- puedan tener sobre ellos"
En ese sentido, destacan "la total desaprensión de una empresa comercial que preocupada por su lucro pasa por encima monumentos ancestrales, rompe obras de arte indígena de un incalculable valor, no sólo económico sino antropológico, ante el silencio oficial", e insisten que "no se ha visto al director de la DPAG ni al Ministro Soria Vieta armando otro circo mediático para denunciar a la empresa presuntamente responsable del hecho, es lógico el adversario no es el mismo y los intereses pueden ser comunes".
Finalmente, el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen manifiesta que "acompaña, como siempre ha hecho, el reclamo de las Comunidades exigiendo que el Gobierno haga suyo también el justo y antiguo pedido de los Mbya, evite que sus funcionarios interfieran en la vida de este pueblo que habita nuestra provincia desde hace más de 3000 años y cumpla con las leyes que los protegen".